Los residuos textiles y del calzado no habían estado incluidos entre las fracciones de competencia municipal hasta la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En consecuencia, tampoco han contado con ningún SCRAP que permitiera cumplir con la responsabilidad ampliada de las personas productoras (RAP) de este tipo de bienes de consumo.
La obligación de recogida separada de los residuos textiles por parte de las entidades locales entró en vigor el 31 de diciembre de 2024 (art. 25.2.c de la Ley 7/2022). Sin embargo, el desarrollo reglamentario del régimen de RAP para textiles, así como para muebles y enseres, debía haber sido aprobado en el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la ley, es decir, antes del 10 de abril de 2025 (disposición final séptima). El motivo por el cual el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aún no ha aprobado dicho desarrollo reglamentario es que se encuentra a la espera de la modificación de la Directiva Marco de Residuos de 2018, actualmente en tramitación, que afecta entre otras cuestiones a la gestión de los residuos textiles y del calzado.
Las posiciones de los diferentes sectores implicados (personas productoras y distribuidoras, entidades gestoras de residuos, empresas de inserción gestoras de residuos) presentan matices que, a la hora de regular un nuevo SCRAP como el del textil y el calzado, requieren conocer cómo han funcionado y qué resultados se han obtenido en otros SCRAP, como los de envases (plásticos, metálicos y vidrio) o los de aparatos eléctricos y electrónicos, ya implantados desde hace décadas.
El 14 de abril de 2025, la organización no gubernamental especializada en residuos Zero Waste Europe publicó un monográfico en el que analiza más de 30 años de experiencias de SCRAP en la Unión Europea, y propone un marco global para transformar los sistemas de RAP en catalizadores de la transición hacia una economía circular.
La primera idea clave del estudio es que los sistemas de RAP no están cumpliendo su propósito de fomentar la circularidad ni de apoyar la autonomía estratégica de la Unión Europea. Los motivos de esta disfunción son diversos (pp. 32 y 33):
- Se prioriza la gestión de la fase final del ciclo de vida del producto, en lugar de asumir una responsabilidad ampliada a lo largo de todo su ciclo de vida.
- Si los SCRAP se limitan a ser meros sistemas de recogida, cuanto más bajos sean los índices de recogida, menor será la contribución y la responsabilidad de las personas productoras. Así, los sistemas de RAP no han contribuido significativamente a mantener el valor de los recursos, reducir la generación de residuos o mejorar su reutilización o reparación, por falta de incentivos económicos reales.
- Los sistemas de RAP con múltiples SCRAP en competencia resultan menos eficaces que aquellos con un único SCRAP. Además, entre estos últimos, funcionan mejor aquellos que cuentan con mecanismos adecuados de transparencia y seguimiento, frente a los que operan de forma opaca y con datos inexactos.
- Aunque la RAP se percibe como una herramienta más de la gestión de residuos, en realidad tiene un gran potencial para movilizar financiación e influir políticamente en favor de las personas productoras. La financiación de campañas, infraestructuras, servicios de recogida o incluso políticas públicas convierte a los sistemas de RAP en agentes políticos con capacidad para impulsar sus propias agendas.
- La RAP, aunque a veces se ordena a nivel europeo, se aplica casi siempre a nivel nacional. Esto ha impedido aprovechar el potencial del mercado único y, en ocasiones, lo ha perjudicado, como ocurre cuando se exportan residuos cubiertos por tasas RAP pagadas en un país sin transferir dichas tasas. A medida que estos sistemas maduran, crece la demanda de mayor trazabilidad, seguimiento e informes armonizados.
En la sección de propuestas del informe de Zero Waste Europe (pp. 52-55), se destacan:
- La competencia para organizar la recogida separada es municipal, pero la financiación recae sobre las personas productoras. Las infraestructuras de reutilización deberían seguir un modelo reconocible e interoperable a nivel supramunicipal, lo que exige coordinación entre autoridades locales y organismos nacionales o europeos. Los ingresos de un impuesto específico podrían destinarse a crear una organización o consorcio para impulsar esta transición con participación de autoridades, marcas y otros agentes. El informe señala: “Este enfoque alternativo de gobernanza colaborativa para la construcción de infraestructuras de reutilización y reparación podría proporcionar una mejor gobernanza y supervisión, y servir al bien común en lugar de centrarse exclusivamente en maximizar la eficiencia económica externalizando costes a la sociedad”.
- En relación con los SCRAP del textil y calzado: “La RAP también debería financiar la labor de los agentes de la economía social activos en reparación y reutilización, apoyando programas piloto de cualificación en competencias de reparación, reutilización de componentes como piezas de recambio, e iniciativas de información y sensibilización”.
- “Los sistemas de RAP pueden financiar directamente actividades como primas de reparación al público consumidor, formación profesional para personal técnico en reparación y apoyo a entidades de la economía social dedicadas a la reutilización”.
En España, siguiendo la línea de la normativa europea y del informe de Zero Waste Europe, se reconoce legalmente el papel esencial de las empresas de inserción en la gestión de residuos textiles, muebles y enseres, mediante la reserva de contratos públicos para estas entidades. La reglamentación estatal debería desarrollar esta reserva también en el marco de los contratos del SCRAP textil y del calzado, incluyendo la contratación de transportistas y gestoras.
Los SCRAP requieren un enfoque de gobernanza colaborativa que mejore la supervisión y persiga el bien común. Para ello, las empresas de inserción —reconocidas como prestadoras de servicios de interés económico general y dedicadas tanto a la recogida y clasificación selectiva como a la reutilización y reparación— deben participar junto con autoridades locales, personas productoras y otros agentes en el seguimiento, control, supervisión y funcionamiento de los SCRAP.
Por Pedro Carrasco
(Coo de relaciones institucionales de Koopera)
